Un mundo colaborativo es esencial para la transformación social, afirma Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI. Y es una de las principales ideas que destaca a la hora de hablar del futuro europeo: "Una idea con la que tenemos que contar permanentemente es la importancia de las alianzas entre los distintos actores en todos estos procesos y para eso nos va a ayudar mucho también la agenda 2030 y los ODS y hay que aprovecharlo. Vivimos en un mundo de alianzas y sin ellas no vamos a sobrevivir de ninguna manera".

 

Pero si algo prevalece en el documento que ha elaborado el CERMI con sus propuestas de cara a las elecciones europeas de este mes de mayo es el espíritu de la Convención de la ONU sobre Discapacidad. "Si bien los contenidos reivindicativos son similares a los de otras convocatorias porque hay cuestiones que reclamamos hace tiempo, lo más novedoso es el formato que le hemos dado, en el que se relaciona cada propuesta o reclamación con la Convención de la ONU como principal herramienta clave en nuestra labor de incidencia política y defensa de derechos, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el pilar europeo de derechos sociales". Ese es el eje que ha vertebrado todo el documento. De hecho, en cada punto que se desarrolla, se describe el punto de conexión con la Convención, los ODS y el Pilar europeo de derechos sociales.

 

Así lo entiende también Daniel Aníbal García, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CERMI, quien asegura que el documento ha sido elaborado por el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres, pero abierto a las aportaciones de las entidades miembro del CERMI. A su juicio, las propuestas son muy coincidentes con el EDF (Foro Europeo de Discapacidad) y no dejan de ser “la concreción normativa y política del escrupuloso cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Pilar Europeo de los Derechos Sociales y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

 

 

"Aunque parezca lógico, pero no siempre resulta tan evidente, en primer lugar reclamamos que se cumpla la Convención de la ONU sobre Discapacidad, que todas las instituciones la cumplan", asevera Villarino. Ese es el mandato principal, de hecho la directora del CERMI comenta la relevancia que tuvo el hecho de que la propia Unión Europea ratificara la Convención: "Es una grandísimas novedad porque normalmente una organización supranacional no ratifica una Convención, y ha sido un hito y lo que queremos es que las instituciones europeas garanticen ese cumplimiento efectivo de la Convención". 

 

Este es el primer asunto que recoge el documento sobre las propuestas en materia de Derechos Humanos, donde también han quedado plasmadas otras dos cuestiones, en primer lugar la solicitud de que 2021 sea designado Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Como dice Villarino: "Porque se conmemoraría el 10º aniversario de la ratificación de la Convención por parte de la UE y sería también la continuidad del año 2003, que fue muy importante a todos los efectos". Y en segundo lugar, se reclama una vez más, y con insistencia, una Directiva sobre la Igualdad de Trato, una petición histórica, "que se ha quedado en un cajón y queremos que se materialice de una vez", afirma Pilar Villarino.

 

Y por supuesto, el compromiso con una Estrategia Europea de la Discapacidad 2030, que en esta ocasión iría ligada a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Finalmente, dentro de este grupo de propuestas queda patente la necesidad imperiosa de que el compromiso de la UE quede respaldado por un marco financiero que garantice la viabilidad de estas propuestas. Según Daniel Aníbal García, “es imprescindible que el Marco Financiero Plurianual (MFP) garantice un presupuesto adecuado y suficiente para favorecer la cohesión y que siga apostando por el principio de asociación y de participación de las personas con discapacidad y sus entidades representantes”.

 

 

El resto de los compromisos políticos a los que apelan las propuestas del CERMI están relacionados con el diálogo civil, la transversalidad de la discapacidad, la lucha contra la pobreza y la exclusión, las mujeres y niñas con discapacidad, el apoyo a la infancia con discapacidad, las familias, la accesibilidad universal, el acceso a la justicia, la educación inclusiva, la inclusión laboral, la autonomía personal, la protección social, la cultura, el turismo, el deporte y el ocio inclusivos, , las estadísticas, la cooperación internacional, la responsabilidad social empresarial y el juego responsable y la regulación de productos de apoyo. 

 

Algunas de las propuestas, ya clásicas o históricas, tienen que ver con la “necesidad de asegurar la transversalidad de la discapacidad”, asegura el responsable de Relaciones Internacionales del CERMI, y también con “la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisión, ‘nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad’, y con que se constituyan los foros adecuados para nuestra participación en los foros comunitarios, con especial hincapié en la participación de mujeres y niñas con discapacidad”.

 

Así, el documento recoge, de forma transversal también, el enfoque de género, como explica Pilar Villarino: “El enfoque transversal de género se incluye en todas las demandas, como no podía ser de otra manera, y luego hay cuestiones más específicas, como por ejemplo una serie de medidas relacionadas con la violencia hacia las mujeres y las niñas; o la idea de incluir entre los objetivos de financiación de la UE el fortalecimiento del movimiento social de las mujeres con discapacidad para fomentar su empoderamiento y liderazgo y hacer una auditoría de accesibilidad con perspectiva de género; son cuestiones novedosas en las que está empezando a trabajar la FCM a diferentes escalas".

 

Entre las medidas relacionadas con la cuestión de género, destaca la importancia que el CERMI y la FCM quieren dar a la lucha contra la esterilización forzosa, que define el representante del CERMI en el ámbito internacional como una clara violación de derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad, y afirma: “Lo triste es que esta violación ocurre no solo en nuestro país, sino en otros muchos países de nuestro entorno, no solo de la UE, porque desgraciadamente se sigue manteniendo una visión paternalista sobre las mujeres y niñas con discapacidad y se sigue defendiendo esta execrable medida a partir de ciertos mitos que debemos erradicar, como que es bueno para la sociedad, como que las mujeres con discapacidad son incapaces de ser madres o que, directamente, se hace por el bien de la propia mujer con discapacidad”.

 

 

Y aunque no se trate estrictamente de una novedad, lo que sí reclama este documento es una defensa de los derechos de participación política de las personas con discapacidad. En este sentido, según explica Daniel Aníbal García: “Solicitamos un estudio a nivel europeo para detectar el número de personas con la limitación al derecho al voto, tanto por sentencia judicial como por acto administrativo, con especial incidencia en las mujeres con discapacidad. Y, por supuesto, que la acción no se limite en detectar el problema, sino a erradicar esta limitación al derecho a la participación política”.

 

Y en cuanto al propio proceso se insiste en la necesidad de que sea accesible y en la importancia de que se cuente con este sector de la sociedad a la hora de elaborar listas y candidaturas, “reclamando una presencia razonable y ajustada, porque las personas con discapacidad podemos estar en la función política y, además, en cualquier ámbito de la vida pública, no exclusivamente en las políticas de la discapacidad”, explica el responsable de Relaciones Internacionales del CERMI. 

 

Otra de las propuestas se refiere a la incapacitación y el efecto sobre el derecho al voto, ya que, desgraciadamente, “en otros muchos países de nuestro entorno siguen sin reconocer el pleno ejercicio de los derechos políticos a las personas con discapacidad mediante la eliminación del derecho arquetípico a la participación política como es el derecho de sufragio; aunque, hay que felicitarse, cada vez más países está dando pasos hacia el reconocimiento del derecho del voto a todos los ciudadanos, el último de ellos Alemania”, asegura Daniel Aníbal García. 

 

Y, por triste que parezca, “seguimos exigiendo el cumplimiento de la accesibilidad universal”, afirman desde el CERMI. Este aparatado ocupa un espacio considerable en el documento de propuestas porque se refiere a todo tipo de cuestiones, como explica Pilar Villarino: “Destacando no solo el tema del transporte, la accesibilidad a la cultura y otros aspectos conocidos, sino también todo lo relacionado con las llamadas a emergencias 112 o la accesibilidad audiovisual”. 

 

“Queremos una Europa social, donde la persona sea lo primero y donde se defiendan los derechos y la diversidad como elemento enriquecedor, donde se tenga en cuenta la discapacidad, el rostro femenino de la discapacidad y la interseccionalidad que rodea a las personas con discapacidad”, sentencia Pilar Villarino.

 

“La única forma de seguir construyendo el proyecto europeo es mediante el paso decidido de la ‘Europa de los mercaderes’, como ya fue calificada por su olvido de la dimensión social, a la ‘Europa de los derechos y libertades’ y, más allá, a la ‘Europa social’”, añade Daniel Aníbal García.